Exigibilidad de derecho al buen gobierno

Se entiende por buen gobierno aquél que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Los principios básicos del buen gobierno son: el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la búsqueda permanente del interés general, la aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos y el respeto y promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social.” (Código Iberoamericano de Buen Gobierno).

Los Tribunales de Justicia Administrativa son las instituciones encargadas de garantizar el derecho al buen gobierno pues la exigibilidad de este derecho se hace a través de mecanismos jurisdiccionales. Para medir esta característica analizamos la existencia de una instancia jurisdiccional a nivel local que permita a los ciudadanos impugnar actos del gobierno. A diferencia de lo que sucedía en 2009 (fecha en que se realizó el último diagnóstico de la justicia administrativa a nivel nacional) actualmente todas y cada una de las jurisdicciones locales cuentan con una instancia jurisdiccional con competencia para dirimir controversias entre la administración pública y los particulares.

variables VARIABLES

indicadores INDICADORES

Competencia para dirimir
controversias entre
administración pública
y particulares.
Competencia para sancionar
servidores públicos y particulares
por responsabilidad
administrativa grave.
Competencia para
fincar responsabilidad
resarcitoria.
  • Norma que establezca explícitamente la competencia

Los Estados que anteriormente no contaban con esta instancia son: Chihuahua, Coahuila y Puebla. Chihuahua desde 2014 instauró la competencia en su poder judicial local. Actualmente, Chihuahua creó la Sala Quinta Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, la cual cuenta con competencia para dirimir controversias entre particulares y servidores públicos. Coahuila lo hizo a través de la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza a través de la reforma constitucional local del 14 de julio de 2017, de la publicación de su ley orgánica el 11 de agosto de 2017. Finalmente, Puebla creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla a través de la publicación de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia.

Estas modificaciones suponen el cumplimiento cabal del mandato constitucional previsto en el artículo 116, fracción V a través del cual se establece que los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa a cargo de dirimir las co troversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares.

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