Hasta hace unos años la justicia administrativa en México se encontraba fuera de los reflectores. La creencia era que los asuntos llevados en este tipo de jurisdicción se referían a materias sumamente especializadas y que poco tenían que ver con problemas reales o importantes de las personas. Esta concepción ha cambiado con el tiempo y la justicia administrativa comienza a utilizarse verdaderamente como un medio de defensa de los ciudadanos ante actos irregulares o ilegales del gobierno. Así, actualmente la jurisdicción administrativa se concibe como la guardiana del derecho al buen gobierno o a la buena administración. Esta jurisdicción ya no solamente se utiliza para resolver complicados asuntos de carácter fiscal sino también asuntos relacionados con la reparación por violación de derechos humanos y próximamente asuntos relacionados con corrupción. Recientemente, se aprobaron en México reformas constitucionales que afectan a la jurisdicción administrativa. A través de estas reformas no sólo se trata de atacar desde varios flancos el grave problema de corrupción que padece el gobierno mexicano a todos los niveles, sino que aumenta de forma importante las competencias del existente sistema de jurisdicción administrativa, fortalecen la garantía de los derechos en México. Estos cambios y el creciente uso de la jurisdicción administrativa llaman a la reflexión tanto cualitativa como cuantitativa sobre el estado actual de la misma. Por esta razón, La Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos encomendó al CIDE la actualización del Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional llevado a cabo por esta institución en 2009.
La versión actualizada de este estudio se divide en tres partes. La primera parte presenta un análisis de los Tribunales de Justicia Administrativa como garantes del buen gobierno. La segunda parte da cuenta de los avances en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en relación con las nuevas competencias de los Tribunales de Justicia Administrativa en materia de sanción de faltas administrativas graves de servidores públicos y de aquellas que involucran a los particulares. Finalmente, la tercera sección hace un análisis de las capacidades institucionales de los tribunales a la luz de la teoría de la organización.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el presente Diagnóstico se basa en la metodología desarrollada en el Diagnóstico del Funcionamiento del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Administrativa a Nivel Nacional realizado en 2009 y aumenta el componente relacionado con las nuevas competencias de los tribunales de justicia administrativa en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares. Dadas las nuevas condiciones del estudio, a diferencia del pasado diagnóstico, se alimentó únicamente de información proporcionada por cada uno de los tribunales participantes. Con el objetivo de evaluar las condiciones de la justicia administrativa, el equipo de investigación identificó y definió cada una de sus características y se generaron indicadores y variables que permitieron su medición. La información necesaria fue proporcionada por los tribunales participantes en el estudio a través de un cuestionario en línea, algunas entrevistas telefónicas y documentación complementaria enviada por correo electrónico. El apartado referido a las nuevas competencias de los tribunales de justicia administrativa se basó en el análisis de las reformas constitucionales y legales relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El equipo identificó las tareas necesarias para lograr que los tribunales de justicia administrativa asuman sus competencias identificándose si tales acciones se han realizado o no en cada entidad analizada. Por último, la evaluación de las capacidades institucionales se basó en infraestructura, tecnologías de la información y comunicación, estructuras organizativas y modelos de gestión. El análisis fue de tipo documental de la información disponible categorizada por ámbito de estudio.
Adriana García es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México y consultora en Open Society Justice Initiative en Nueva York. Cuenta con el grado de doctora (JSD) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago (2016), de licenciada en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (México), de maestra en derecho (LL.M.) de la Universidad de Chicago (2010) y de maestra en Derecho y Economía de la Universidad Complutense (España). Durante sus estudios de doctorado fue profesora visitante en la Universidad de Columbia (2012-2013).
Adriana es experta en derecho administrativo y ha analizado y estudiado empíricamente temas relacionados con la justicia administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Entre otras publicaciones, es autora del primer Diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa (México, Distrito Federal, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009) y coordinadora junto con Sergio López Ayllón del libro “Perspectivas Comparadas de la Justicia Administrativa.” (México, Ciudad de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas-CIDE. Febrero 2017ISBN 978-607-8508-02-0).
Doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestra en derecho por la Universidad de Georgia, EE UU; y maestra en filosofía de la Universidad Anáhuac, campus Mayab y es licenciada en Derecho por el ITAM.
Actualmente es coordinadora de la Maestría en Administración y Políticas Públicas y profesora investigadora del CIDE. Sus líneas de investigación son: Transparencia Rendición de Cuentas y Responsabilidad de Servidores Públicos.
Entre sus publicaciones recientes destacan: Manejo de conflictos y mecanismos alternos de solución en su segunda edición, Responsabilidad de Servidores Públicos, del castigo a la confianza, editado por el Fondo de Cultura Económica. El capítulo: Título Cuarto. De las responsabilidades de los servidores Públicos, que corresponden a los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, en la colección Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Tirant lo Blanch y en Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el artículo titulado Derecho de acceso a la información entre la Constitución y la realidad, Número 39, Julio-Diciembre de 2018.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1.
Es Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Ciudad de México. Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Ha trabajado en la investigación de temas sobre Regulación y descentralización del gasto público en el gobierno federal, estatal y municipal, específicamente en el Ramo 33. Es consultora en temas de corrupción, reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y responsabilidad administrativa de los tribunales de justicia administrativa.
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